Veneranda Mendoza.
Toluca,
Méx. 06 de marzo de 2014.
Debido a que los
protocolos de investigación de feminicidios incluyen requisitos absurdos como
la práctica de la necropsia psicológica a la víctima, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) promoverá su actualización con recomendaciones de la ONU y
buscará que procedan de manera inmediata las órdenes de protección como un
mecanismo para evitar los crímenes de género.
En conferencia de
prensa convocada por integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del
Feminicidio con motivo del Día Internacional de la Mujer, la diputada Ana
Yurixi Leyva, integrante de la Comisión de Equidad y Género en la Legislatura
mexiquense, adelantó que también se impulsarán mecanismos para obligar la
expedición de órdenes de protección a las mujeres que lo soliciten, como un
mecanismo de prevención para evitar que estos casos se conviertan en feminicidios.
“Vamos a seguir dando
la batalla, ahora con los protocolos de investigación, estamos haciendo las
propuestas, vamos a promover un exhorto para que la Procuraduría de Justicia (PGJEM)
cuanto antes lo modifique porque no es acorde a las necesidades”, adelantó.
La legisladora
consideró inconsistentes muchas de las 25 acciones que maneja el protocolo
publicado en 2012 por la PGJEM, “como la que establece la realización de una necropsia
psicológica, medida que resulta absurda”.
La ONU, recordó,
acaba de aprobar un protocolo, pero a esa reunión el estado de México le dio
muy poca importancia y sólo envió a un agente del Ministerio Público.
Leyva Piñón recordó
que en diciembre pasado, a través del grupo parlamentario del sol azteca se
promovió la homologación del feminicidio con el tipo penal federal.
Por su parte, María
de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, advirtió que no basta con la
correcta tipificación del delito, si los protocolos de investigación criminal no
preservan la escena del crimen ni mantienen intactas las pruebas.
“Si tenemos tipo
penal pero se sigue investigando mal, estos casos seguirán en la impunidad”,
advirtió.
Desde la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, prosiguió, se debe
obligar a las autoridades a que quien no cumpla con respetar protocolos con perspectiva
de género, sean sancionados.
En tanto, el marco
normativo de las órdenes de protección es difuso, pues establece que serán emitidas
por las autoridades competentes, pero nunca especifican quiénes son las
autoridades competentes, y sólo proceden con denuncias; al contrario, obligan a
las mujeres a entregar los citatorios a sus victimarios, con lo que se les pone
el riesgo, y al entablar las denuncias son discriminadas con cuestionamientos
como el de “si no le da pena meter a la cárcel al padre de sus hijos.
En 2010, recordó, en la
entidad se aprobó un protocolo de investigación que no ha servido, luego se
modificó, “pero ni siquiera nos permiten acceder a él porque arguyen que es de
carácter confidencial”, lamentó.
