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jueves, 27 de marzo de 2014

PRETENDIÓ BURLAR LA LEY DUEÑO DE OCEANOGRAFÍA


Redacción. 27 de Marzo de 2014. El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, reembolsó en 2005 dos préstamos por 30 millones de pesos y 25 millones de dólares después de que alguien le avisó que era investigado por un fraude contra Bancomext.
Pese a que ese delito se persigue de oficio y se castiga con “prisión de tres a doce años” de acuerdo con el Código Penal Federal, el empresario naviero, ahora arraigado, libró en ese entonces la acción de la justicia.
Roberto Muñoz Leos, quien fue titular del Órgano de Control Interno de Bancomext cuando él y su equipo de trabajo descubrieron que Yáñez Osuna utilizó facturas fraudulentas para obtener los préstamos, explicó que en cuanto supo de las anomalías envió una carta a Pemex para avisar que su proveedor estaba utilizando facturas apócrifas.
Recordó que en aquella época se enteró de que la paraestatal había denunciado ante la PGR, a raíz de la advertencia que él hizo; sin embargo, los procedimientos penales fueron congelados, sin haberse informado los motivos.
Ahora, como parte del caso del fraude de Oceanografía contra Banamex, la PGR ha retomado las indagatorias sobre el delito contra Bancomext, en las que se busca identificar quién avisó a Yáñez, en 2005, que era investigado.

lunes, 24 de marzo de 2014

SOLICITA PGR ARRAIGO DE AMADO YÁÑEZ DUEÑO DE OCEANOGRAFÍA



Redacción. 24 de Marzo de 2014. La Procuraduría General de la República (PGR), pidió un juez federal el arraigo de Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, empresa asegurada por fraude, quien acudió de manera voluntaria ante el Ministerio Público federal.
La PGR A través de un comunicado,  explicó que con la detención buscará obtener mayores pruebas para consignar a los responsables del presunto fraude contra Citigroup-Banamex.
La Procuraduría, explicó que Yáñez Osuna, compareció por su propia voluntad ante la autoridad ministerial el sábado y rindió su declaración acompañado de sus abogados.

La PGR tiene de plazo hasta hoy para presentar pruebas contra el empresario y obtener de un juez la orden de arraigo.