miércoles, 22 de enero de 2014

ESPERAN ALERTA DE GENERO PARA EDOMEX EN 2 MESES

Veneranda Mendoza. Toluca, Méx. 22 de enero de 2014. Rodolfo Manuel Domínguez, abogado del Observatorio Nacional de Feminicidio, adelantó que en un par de meses retomarán la posibilidad de que en el estado de México se decrete alerta de género, pero se pronunció en contra de los nuevos lineamientos para determinar su procedencia porque convierten a las autoridades en juez y parte. “La declaratoria de alerta de género es vital en el estado de México, las condiciones que tiene, el alto número de feminicidios requiere de esta medida que va a permitir encaminar todas las acciones de gobierno para erradicar este ilícito”, destacó. Domínguez Márquez recordó que está en proceso la petición del Observatorio, como sociedad civil, para decretar alerta de género en el estado de México, pues un juez de distrito determinó que el sistema ha incumplido con la sentencia de amparo que les otorgó y determinó obligarlo a que investigue los hechos denunciados. “Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha presentado recursos que mantienen latente este proceso, pero esperamos que en un par de meses se retome y por fin se decrete declaratoria de género para generar mejores políticas públicas”, confió. También, recordó, impugnamos, vía amparo, la reforma al reglamento para determinar el procedimiento para decretar alerta de género, pues “como observatorio consideramos que hay deficiencias, se vuelven a establecer obstáculos que no garantizan la objetividad ni la imparcialidad de este mecanismo”. Lo anterior, explicó, debido a que ahora el grupo de trabajo que va a investigar los hechos denunciados por las organizaciones está integrado básicamente por instancias de gobierno: CONABIM, Segob y los Institutos Nacional y local de las mujeres de la entidad que se está investigando. Esto, dijo, “consideramos que no va a garantizar una investigación imparcial, aunque incluya a dos académicos”. Las nuevas reglas, indicó, convierten a la autoridad en juez y parte, y excluye a las organizaciones civiles, “lo que violenta nuestro derecho a un debido proceso administrativo, en términos de vigilar que se acaten los estándares internacionales en la materia que exigen que este tipo de procesos sean transparentes, objetivos, que haya notificaciones a las partes, que tenga publicidad, etc. “De entrada, las nuevas reglas parecen un obstáculo que puede dificultar la adecuada implementación del mecanismo”.

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