Veneranda Mendoza.
Toluca, Méx. 10 de
marzo de 2014. La Legislatura mexiquense
recibió formalmente la propuesta de armonización de reforma educativa para el
estado de México, en virtud de que el plazo para su aprobación vence el próximo
miércoles; Aarón Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política,
adelantó que será aprobada este martes.
El además coordinador del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la iniciativa no
contempla la propuesta para sancionar a los maestros que realicen proselitismo
en horarios clase, pues “el gobernador quiere mucho a los maestros”.
También aseguró que para integrarla se tomaron en
cuenta las opiniones de los líderes sindicales.
No obstante, de existir observaciones en lo individual
o por parte de los profesores disidentes, aseguró que la Legislatura local está
en disposición de escucharlos.
También adelantó la posibilidad de que la propuesta
del mandatario estatal sea avalada este martes, con menos de 24 horas para su
análisis en comisiones.
Por su parte, Raymundo Martínez, secretario
de Educación, aseguró que el documento fue consultado con el magisterio y lleva
su aval, versión que fue confirmada por los secretarios generales de las
secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la
Educación (SNTE), Gustavo Michua Michua y Héctor Ánimas Vargas respectivamente.
“El gobernador nos las envió el pasado 12 de
febrero, la analizamos y se la regresamos con 21 observaciones, y antes de que
la enviaran al Congreso nos la regresaron y verificamos que fueron atendidas 11
de las 21 recomendaciones”, dijo Michua, quien se comprometió a mantenerse
pendientes de las aprobaciones con la finalidad de que no se vulneren los
derechos de los profesores.
En contraste, Ánimas Vargas admitió que la
iniciativa, aún corregida, no cumple al cien por ciento con las expectativas del
gremio, si bien “no se podía hacer más, pues varias cosas dependen de lo que ya
se aprobó a nivel federal”.
Cabe destacar que el miércoles 12 vence el
plazo otorgado por la Federación para que las Legislaturas locales realicen las
adaptaciones a la reforma educativa en las entidades.
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